La petrolera estatal peruana Petroperú evalúa suspender el funcionamiento del Oleoducto Norperuano si no consigue un mayor volumen de petróleo y mejores garantías de que no habrá más derrames de crudo en la Amazonía por sabotajes de la población, aseguró su presidente, Carlos Paredes.

En una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Paredes explicó que Petroperú está en conversaciones con el Gobierno, las compañías que extraen el petróleo de la Amazonía peruana, los gobiernos regionales y las comunidades nativas para alcanzar un nuevo acuerdo de gestión del oleoducto.

“Es momento en que nos pongamos de acuerdo en este aspecto y actuemos de manera coherente. Si no, pensemos en hacer otras cosas en la Amazonía”, comentó Paredes.

El máximo ejecutivo de Petroperú afirmó que este acuerdo es esencial para la viabilidad de una instalación que le ha arrojado a la compañía un promedio de US$ 20 millones en pérdidas anuales durante la última década.

“Este año vamos a transportar en promedio menos de 10,000 barriles por día. A las empresas les cobramos alrededor de US$ 8.6 por cada barril transportado”, indicó.

Fuente: Gestión

El precio del cobre cotizaba estable el martes, pero se mantenía cerca de mínimos de dos años por el miedo a una desaceleración de la demanda debido al impacto que tendría la guerra comercial entre Estados Unidos y China sobre la actividad industrial.

En este panorama, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,22% a 5.701,5 por tonelada. Los precios bajaron el viernes a US$5.624,50, mínimo desde junio de 2017.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo el un acuerdo comercial con China tras gestos positivos de Pekín, lo que calmó en parte a los mercados mundiales. La disputa comercial había escalado el viernes luego de que ambas partes anunciaron aranceles recíprocos a sus exportaciones.

“No vemos prisa por ir a los botes salvavidas en términos de tendencia bajista, pero hay demasiada incertidumbre sobre cómo la guerra comercial se desarrollará para que las empresas inviertan y contraten”, dijo el analista de BMO Kash Kamal.

“Los datos económicos de las principales economías son débiles y no hubo un progreso significativo en el frente de la guerra comercial en la reunión del G-7 para marcar una diferencia en la confianza en los mercados de metales”, agregó.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), proyectó que la inversión privada en el país crecerá 4.8% en 2020, explicada por la mayor inversión de los grandes proyectos mineros que iniciaron construcción en 2018 y la reactivación de la inversión no minera, como infraestructura, hidrocarburos, retail, inmobiliario, entre otros.

Así lo señala en el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023 aprobado en la sesión del Consejo de Ministros el último 21 de agosto.

Refirió que la inversión privada registró un moderado crecimiento en el primer semestre del 2019 (alrededor de 3.9%); y esta, acelerará su ritmo de crecimiento en el segundo semestre del presente año.

“La inversión privada estará favorecida por la expansión a tasas de dos dígitos de la inversión minera, debido a la continuidad de grandes proyectos mineros que iniciaron construcción en 2018 como Quellaveco y Mina Justa”, explicó.

Asimismo, indicó que la inversión minera seguirá creciendo en 2019, impulsada por la ejecución de grandes proyectos, los cuales vienen realizando licitaciones de obras de importancia.

“Por ejemplo, el proyecto Quellaveco ha licitado la construcción de sus presas en mayo 2019, y el edificio e instalaciones del chancador primario y la presa de relaves en junio 2019”, indicó.

“Con ello, Quellaveco estaría desembolsando alrededor de 900 millones de dólares en Capex (inversión productiva) en el segundo semestre del 2019. En el caso del proyecto Mina Justa, se ha adjudicado la construcción de su planta de concentrados de Sulfuros en abril 2019”, agregó.

También indicó que el proyecto Ampliación de Santa María (110 millones de dólares) concluyó su primera fase en mayo 2019 y avanzaría con su segunda etapa de construcción en lo que resta del año, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Para 2020, además de estos grandes proyectos, se tiene previsto el inicio de la construcción de nuevos proyectos mineros como Corani (585 millones de dólares), que empezaría en el segundo semestre del 2020 a realizar obras básicas como el marcado de terrenos, puntos de perforación e inicio de obras de acceso (antes programadas para tercer trimestre del 2019).

También, Pampa de Pongo (2,200 millones de dólares), que ya cuenta con todos los permisos ambientales y viene trabajando la adquisición de su financiamiento; y Yanacocha Sulfuros (2,100 millones de dólares), que obtuvo la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en junio 2019 y ahora se encuentra en etapa de factibilidad.

Mejora de la regulación

De manera complementaria, el MEF indicó que el Gobierno trabaja de forma constante en la mejora del marco regulatorio para promover la competitividad del sector minero energético.

“En efecto, se ratificaron 119 procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas durante el primer semestre 2019, luego de que estos cumplieran con los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad que componen el análisis de calidad regulatoria”, indicó.

Detalló que entre los procedimientos que corroboraron su idoneidad, como parte de la mejora de la calidad regulatoria, se encuentran: i) los referidos a autorizaciones de instalación y operación de ductos; ii) el establecimiento de servidumbres; iii) la evaluación de planes de cierre de minas y de pasivos ambientales; iv) las concesiones de generación, transmisión y distribución de electricidad; y v) los procedimientos referidos al Registro Integral de Formalización Minera.

Asimismo, en junio de 2019, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso la constitución de fideicomisos como mecanismo para las garantías del cierre de minas por el 100% de los bienes inmuebles (antes 50%), la cual ayudará a los titulares mineros con las dificultades que enfrentaban en el procedimiento concursal y simplificará el proceso de conversión de las garantías a dinero.

“Adicionalmente, el Minem viene fomentando el proceso de promoción de la formalización minera, y por ello se ha transferido recursos a los gobiernos regionales45 para capacitar a las empresas mineras en la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM), como requisito indispensable para dinamizar el proceso de formalización”, puntualizó.

La próxima semana los gobernadores de la Mancomunidad de la Macro Región Sur se reunirán para ultimar detalles de la nueva Ley General de Minería, que presentarán como proyecto de ley al Congreso.

La próxima semana los gobernadores de Cusco, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Ica, Tacna y Apurímac –agrupados en la Mancomunidad Regional de la Macro Región Sur– se reunirán para consolidar la propuesta legislativa de una nueva Ley General de Minería.

El encuentro –que se realizará el 27 y 28 de agosto en Tacna– tendrá como propósito consensuar puntos de vista hacia un documento común.

A lo que se suma la posibilidad de transferir a los gobiernos regionales competencias para la fiscalización ambiental de los proyecto extractivos tomando como base que las comunidades aledañas a la actividad minera tienen poca confianza en las instancias dedicadas a la inspección ambiental (OEFA, ANA y Senace).

Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco, explicó a Gestión.pe que incorporar una figura similar a la consulta previa en la nueva Ley General de Minería tendría como propósito evitar la paralización de una actividad por la falta de ‘consenso social’ tal como está ocurriendo en Arequipa por Tía María.

“Sabemos que actualmente existen instrumentos de evaluación ambiental que implican talleres informativos, pero entendemos también que tiene que adoptarse un procedimiento adicional que permita garantizar compromisos de largo plazo y promueva el consenso social”, argumentó.

En ese contexto, precisó que es necesario esta figura tomando en cuenta que existe una debilidad institucional al interior de las comunidades, que cambian constantemente de junta directiva o representantes, lo que genera nuevas demandas e intereses.

“Lo que hace falta es un marco jurídico común a través de una consulta o una licencia social, que nosotros llamamos rentabilidad social. Lo que implica (que el proyecto) sea rentable socialmente, que se pueda promover la participación de fondos de compensación o fideicomisos para que las comunidades vean que existe un trabajo articulado y armónico con la empresa minera, que haya ganar-ganar”, añadió.

Estos elementos –en opinión de Benavente– ayudarían a mejorar la presencia de la minería en zonas conflictivas.

-Fiscalización ambiental-

Otro de los puntos que espera añadirse al proyecto de ley de la nueva Ley General de Minería es que se transfieran a los gobiernos regionales la posibilidad de fiscalizar –en materia ambiental– a las empresas mineras.

Dado que –en opinión de Benavente– las comunidades tienen mayor confianza en el trabajo de sus autoridades regionales. “Este es un punto central porque eso nos lleva a pensar conceptos que están vinculados a la compensación y a la reparación”, apuntó.

“Le pongo un ejemplo, juste estuve en Antapacay –conversando con las comunidades– y ellos nos piden que hagamos una valorización de los impactos ambientales de la mina dado que desconfían de las entidades encargadas de la fiscalización ambiental”, señaló la autoridad.

¿La fiscalización ambiental en manos de los gobiernos regionales, implicaría recursos adicionales? Al respecto, la autoridad consideró que la propuesta implicaría la dación de recursos adicionales para contratar a personal calificado para esta actividad.

-Datos claves-

1.- La Ley General de Minería fue emitida en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En ese año, se dio luz verde al Texto Único Ordenado de la ley a través del Decreto Supremo N° 014-92-EM con un marco legal de 1981.

2.- Los gobernadores regionales proyectan tener listo para el 28 de agosto un primer borrador del proyecto de ley sobre la nueva Ley General de Minería. Para la quincena de setiembre, se estaría presentando al parlamento.

3.- La propuesta de los gobernadores será socializada entre todos los actores relacionados a la actividad extractiva, incluyendo empresas mineras, comunidades y a representantes del Gobierno.

El diálogo y el cumplimiento de compromisos son importantes para recuperar la confianza de parte de las comunidades del interior del país, hallar soluciones a conflictos sociales y articular proyectos de desarrollo en beneficio de la población, manifestó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante.

La titular del Midis, encargada de liderar los procesos de diálogo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, ratificó que el Ejecutivo está en permanente contacto con las autoridades provinciales y locales, así como con los dirigentes de comunidades y frentes de defensa de las provincias de Cotabambas (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco) e indicó que se han logrado importantes avances, logros y acuerdos en ambos espacios

Bustamante, quien también es presidenta de la Comisión Multisectorial “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau, departamento de Apurímac”, felicitó la decisión de los representantes locales de priorizar proyectos con una mirada de cierre de brechas en el marco del Plan de Desarrollo Concertado.

En ese espacio de diálogo, destacó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos honró el compromiso de implementar una Oficina Descentralizada de Derechos Humanos y Defensa Pública en el distrito cotabambino de Challhuahuacho, donde trabajan abogados quechua hablantes y se brinda asesoría jurídica gratuita. También destacó que en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se avanza progresivamente en el asfaltado y el pago por derecho de vía del corredor minero.

En el marco de la comisión multisectorial también subrayó que en la reunión del 12 de este mes en Challhuahuacho se abrió la posibilidad de un adelanto de canon. En esa cita se acordó, además, conformar un comité técnico para definir un convenio de cooperación entre la empresa minera Las Bambas y la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso.

Inversión comprometida

En el caso de la Mesa Técnica de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, la titular del Midis resaltó que el Ejecutivo, a través de distintos sectores, comprometió la inversión de más de S/ 61 millones para la ejecución de diversos proyectos de desarrollo en agua y saneamiento, agricultura, educación, salud y transporte, con un enfoque de cierre de brechas.

“El diálogo no solamente es hablar, es principalmente escuchar, ponernos en el lugardel otro, comprender qué sucede y encontrar alternativas de solución. Los procesos de diálogo no son de corto plazo. En Cotabambas y Chumbivilcas funcionan desde abril y todas las partes reconocen que hay avances. Hay compromisos que se están cumpliendo y eso es importante para recuperar la confianza de la población”, sostuvo.

*foto referencial

SNMPE condena incendio en oficinas de petrolera, acusa a autoridades de azuzar a población

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó este sábado su rechazo contra el ataque a las oficinas de compañías petroleras que operan en la provincia de Talara y al Lote X, en la región Piura.

Manifestantes incendiaron el viernes las oficinas conjuntas de las empresas petroleras Confipetrol y Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) durante una violenta protesta laboral, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).”Las autoridades boicotean los procesos de diálogo y azuzan a la población a realizar acciones de violencia para presionar a las empresas y a los representantes del Gobierno central”, señaló el gremio en un comunicado.

“Demandamos que el Gobierno central actúe con firmeza para restablecer el principio de autoridad y el orden público, lo cual no significa responder a la violencia con violencia ni vulnerar los derechos humanos de los que protestan” añadió.
Fuente: Gestión

En estos momentos en que el sector minería está en el ojo mediático por el debate de si se debería ejecutar el proyecto Tía María en Arequipa y con las protestas en contra del proyecto Quellaveco en Moquegua, es importante conocer qué impactos económicos tiene esta actividad en el país.

Uno de ellos es el tema tributario. Los ingresos correspondientes al sector minero sumaron S/ 4.531 millones entre enero y junio de este año, una caída de 25,5% frente al primer semestre del 2018. Mientras que las devoluciones ascendieron a S/ 2.050 millones, es decir, casi la mitad.

Sin embargo, según cifras de la Sunat, a julio de este año las devoluciones al sector minero crecieron en 18,6% (S/ 2.530 millones). Y solo en el séptimo mes del año las devoluciones a esta actividad crecieron en 76,9%.

Pero, ¿qué es la devolución de impuestos? En general, las actividades económicas en el Perú pagan un Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18%. Sin embargo, el Estado le devuelve al exportador este IGV que paga en los recursos que adquiere para elaborar su producto final. Esto con la consigna de que “los impuestos no se exportan”.

El sector minero es el rubro más importante en las devoluciones de impuestos, ya que representa el 70% de todo lo que se devuelve.

Ahora, ¿por qué el porcentaje de la devolución de impuestos a las mineras fue creciendo si se redujeron los tributos que estas pagaron?

Al respecto, José de Echave, investigador de CooperAcción, explicó que cuando los precios internacionales de los minerales bajaron, las rentabilidades de las empresas disminuyeron y también el valor del Impuesto a la Renta. Por ello, el aporte tributario en términos monetarios cayó. Sin embargo, las exportaciones aumentaban en volumen; eso básicamente explica que las devoluciones sigan en aumento.

«El gran problema es que en algunos casos las devoluciones terminan siendo un porcentaje importante. Ha habido, incluso, fechas en que la devolución fue más de lo recaudado», sostuvo.

Ley General de Minería

Por ello, señaló que el próximo debate de la nueva Ley General de Minería debería incluir el tema tributario, fijar cuál es el aporte de la recaudación neta.

«Yo creo que las devoluciones no deberían superar la recaudación. Pero en caso supere, se debería buscar postergar esas devoluciones para que el aporte no sea negativo», refirió.

Agregó que, por la volatilidad del sector, sobre todo cuando baja el precio de los minerales, el aporte tributario ya no es significativo y en ese punto debería pensarse en una reforma tributaria.

El investigador de Oxfam, Armando Mendoza, señaló que no solo se debería discutir sobre una mayor tributación minerasino las condiciones en las que se dan.

«No veo sentido una discusión de la Ley de Minería que no abarque lo fiscal, se tiene que incluir así no les guste a muchos con argumentos técnicos y una planificación ideal de mejores medidas para tener un marco adecuado tributario», dijo.

«Caída del precio del cobre por guerra comercial»

A un año del inicio de la guerra comercial entre EEUU y China, se puede visibilizar la baja del precio de cobre.

El último anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre aplicar más aranceles a las importaciones chinas produjo una significativa caída de 2,92% de este metal. Esto ante el temor de que los nuevos aranceles limiten el poder adquisitivo de China y su demanda por materias primas.

El cobre es el principal mineral exportador de Perú. Los volúmenes de exportación se mantuvieron, pero, al caer el precio, cayó la rentabilidad del sector y valor de exportación.

Según las proyecciones del BCRP, el cobre cerraría el año con una caída del 7,4%.

Perú podría convertirse en productor de litio y autos eléctricos, según PwC Perú

MINERÍA. Las reservas de carbonato de litio encontradas en los últimos años en la región Puno, que superan los cuatro millones de toneladas, así como hallazgos similares, representan una gran oportunidad para que el Perú se convierta en un productor de ese metal, al igual que de autos eléctricos, señaló la consultora PwC Perú.

“La demanda de litio ira en aumento porque se usa para baterías de autos eléctricos, por ejemplo. Entonces, con una visión de mediano plazo Perú podría convertirse en un productor de litio, por lo que tendría que avanzarse en una regulación para su uso”, sostuvo el socio líder de Minería de PwC Perú, Pablo Saravia.

“Incluso podríamos convertirnos en productores de autos eléctricos con este recurso de litio. Con los vehículos eléctricos tendríamos menos dependencia de combustibles fósiles”, agregó.

Pablo Saravia destacó que el Perú podría aprovechar de una forma exponencial la producción de litio en su territorio, considerando que su demanda es alta en los países desarrollados; además de que países vecinos como Bolivia, Chile y Argentina ya empezaron a exportarlo.

“El litio requiere de una regulación especial que aún no tenemos.  Entiendo que el Gobierno trabaja en un proyecto, pero aún no hay novedades”, manifestó.

Tecnología minera

Por otro lado, según el estudio “Mine 2019: generando recursos para el futuro de PwC Perú”, el uso de la tecnología para operar de manera más segura y eficiente, además de mantener una estrategia disciplinada a fin de crear valor continuo en sus grupos de interés, forjaría un futuro mejor para las comunidades y los consumidores.

“El éxito futuro de la industria minera no solo dependerá de su habilidad de adaptación, sino también de su capacidad y disposición para vender su marca como el principal proveedor de materias primas para muchas industrias y para productos esenciales como smartphones, baterías de vehículos, artículos de cocina, entre otros”, precisó Pablo Saravia.

El estudio señala que la industria minera tiene un rol fundamental que desempeñar para abordar la brecha de conciencia entre la marca minera y los beneficios de la minería, en particular para las generaciones más jóvenes, que representan a los futuros inversionistas y la fuerza laboral.

Foto Referencial

(ABN)